luchas civicas

Luchas cívicas

El 30 de octubre de 1950, la dirigencia de la ciudad creó un nuevo instrumento para luchar a favor del reconocimiento de los fondos que por ley le correspondían, además de velar por el desarrollo de la región. Este instrumento es el actual Comité Pro Santa Cruz, cuyo primer directorio estuvo presidido por Ramón Darío Gutiérrez.

En 1955, el gobierno del MNR promulgó el Código del Petróleo; el artículo 104 de éste creó una gran ambigüedad, pues decía que el concesionario debía pagar al Estado "el 11% sobre la producción bruta en boca de pozo". Mientras que la Ley Busch -que no estaba derogada- otorgaba este 11% a los departamentos productores. A partir de este momento la dirigencia incorporó un nuevo reclamo: una ley interpretativa para el artículo 104.

En los años 70 (a ejemplo del movimiento surgido en Santa Cruz de la Sierra) comenzaron a organizarse en el país varios comités cívicos que tenían como objetivo fundamental buscar mejor distribución de los recursos estatales a favor de las regiones, luchando frontalmente contra el centralismo.

Tras la restauración del estado de derecho, la sociedad civil de Santa Cruz de la Sierra comenzó la lucha por una mayor descentralización, autoconvocando la elección directa de alcaldes. Hasta aquel momento, el sistema ultracentralista imperante implicaba la designación de los alcaldes por el presidente de la República, acción que acabó con el citado movimiento y que terminaría siendo imitado en todo el país.

El dinamismo de la región mantuvo al Departamento de Santa Cruz algo alejado de los movimientos insurreccionales que en el año 2003 asolaron a las ciudades de La Paz y El Alto, si bien los efectos económicos negativos se hicieron sentir en la zona. Ya en el 2004 se llevó a cabo el primer cabildo de la era contemporánea el 22 de junio de 2004 en el monumento del Cristo Redentor de Santa Cruz de la Sierra, con una multitudinaria concurrencia que respondió a la convocatoria del Comité Pro Santa Cruz bajo el lema de Autonomía y Trabajo, ante quienes Rubén Costas Aguilera planteó once tareas de este departamento para el resto del país, así como la realización de un referéndum por las autonomías departamentales.

El golpe asestado a la economía regional por el denominado “dieselazo” (decretado por el presidente Gonzalo Sanchez de Lozada) encendió los ánimos en enero de 2005, uniendo a los sectores sociales más disímiles de Santa Cruz en un movimiento de unidad favorable a la independencia de la región oriental de Bolivia, que rápidamente sumó al pedido de abrogación de dicha norma el viejo anhelo de autogobierno, organizando así el segundo cabildo que se llevó a cabo el 28 de enero de 2005, congregando aproximadamente 350.000 personas convocadas por la COD (central obrera departamental), las juntas vecinales, la Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno y el Comité Pro Santa Cruz, lo que significó una legitimación crucial a las demandas sobre autonomía del departamento de Santa Cruz.

Una consecuencia inmediata de dicho Cabildo fue el Decreto Supremo No. 27988 del mismo día del Cabildo, que permite que el Presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, designe prefectos a aquellos que resulten elegidos mediante voto popular en los departamentos. Por ello, los prefectos, ahora elegidos por voto popular, tienen legitimidad soberana.

El tercer cabildo (15 de diciembre de 2006), llamado el Cabildo del Millón por haber congregado a más de un millón de personas entre las ciudades de trinidad del Beni, Tarija, Pando y el Cristo Redentor en Santa Cruz de la Sierra , fue realizado luego que la Asamblea Constituyente incumpló el mandato del referéndum por las autonomías del 2 de julio de 2006